La Solidaridad Cuesta
Cuando este gobierno asumió funciones, alrededor del 30% de los uruguayos vivían en condiciones de pobreza.
Ese doloroso porcentaje, que daba cuenta de una realidad mucho más dolorosa aún, lejos de ser casual o repentino, era consecuencia de decisiones políticas y acciones de gobierno sobre las cuales la ciudadanía se pronunció soberanamente el 31 de octubre de 2004.
En dicho pronunciamiento hubo también un mandato contundente: atender la situación de desamparo que padecían un millón de compatriotas aproximadamente (de los cuales casi dos tercios eran menores de 18 años), e implementar los cambios necesarios para una sociedad más incluyente y solidaria.
Los cambios son necesarios. Pero también es necesario saber que los cambios, cuando son auténticos, expresan valores y principios.
Es muy saludable que ahora nadie tenga dudas respecto a que los gobiernos deben promover el bienestar de la gente y la solidaridad intergeneracional y que se le exija al actual actuar en consecuencia. Pero también es igualmente sano saber que ese bienestar no es un acto de magia y que la solidaridad, cuando trasciende lo declarativo, necesita recursos financieros. La solidaridad cuesta.
La reforma tributaria tiene, aparte del estímulo a la inversión productiva, al empleo y a la mayor simplicidad y eficiencia del sistema tributario, el objetivo de la equidad. “Que pague más quien tiene más y menos quien tiene menos”, no es una frase hueca. Que pague más quien tiene más es solidaridad concreta en un país donde todos somos iguales ante la ley pero aún no somos iguales ante la vida. La pobreza viene disminuyendo pero aún está lejos de desaparecer y los niños y adolescentes siguen siendo la mayoría de los pobres.
El sistema tributario que comenzó a regir el 01.07.2007 está sujeto a ajustes que el Poder Ejecutivo instrumentará oportunamente mediante los procedimientos que correspondan. En tal sentido, no ignora reclamos de sectores sociales ni el trámite judicial de algunos de ellos, y está abierto a observaciones y propuestas que permitan perfeccionar el sistema vigente.
Pero reducir la reforma estructural que supone dicho sistema tributario a la derogación total o parcial del Impuesto a Renta a las Personas Físicas o plantear la vigencia del mismo como un desconocimiento a otro Poder del Estado, es un error involuntario en muchos casos, consciente en otros, pero en cualquier caso las consecuencias trascienden las circunstancias del mismo.
Se trata de un error que refleja una concepción cómoda y egoísta de la sociedad, una visión resignada del futuro como repetición inercial del pasado y un talante enardecido respecto a la institucionalidad democrática y su normal funcionamiento.
En lo que al IRPF a los jubilados y pensionistas refiere, aún a riesgo de resultar reiterativo, conviene recordar que durante décadas y durante varios gobiernos esos sectores de la población aportaron el Impuesto a la Retribuciones Personales que en algunos casos llegó a representar el 20% del monto recibido por tal concepto.
Conviene tener presente además que con el nuevo sistema se eliminó el Impuesto a las Retribuciones Personales, que el el 60% de los jubilados no tributa por concepto de IRPF y que el 28% tributa ahora por IRPF menos que antes por IRP.
Es cierto que hay un 12% de jubilados que ahora tributa más que antes. Es cierto también que no todos los jubilados están entre quienes “tienen menos” y que no todos los que “tienen más” han interpuesto recursos jurídicos contra el IRPF. Por alguna razón será.
Y seguramente dicha razón esté vinculada a valores y principios solidarios que en otros casos es más fácil invocar o exigir a los demás que practicar a costo personal.
En esta materia de valores y principios el gobierno no puede obligar a nadie y ha de respetar a todos. Pero ello no significa renunciar a su identidad, a sus proyectos y a sus compromisos.
Así como a veces la verdad duele, la solidaridad cuesta. Pero ambas son necesarias para que el Uruguay sea el gran país que todos los uruguayos deseamos y merecemos.
FUENTE: PRESIDENCIA OPINA
